La producción de 400,000 quintales de arroz está en el limbo, ante la decisión de algunos productores de no sembrar el cereal, por los $950,000 que aún les adeudan los procesadores nacionales de arroz, por la cosecha 2020.
Productores de Zapotitán aseguran que el no contar con fondos les ha impedido desarrollar las actividades productivas, como preparar el suelo, comprar semilla, y hacer almácigos, pese a que el inició de la siembra «con lluvia» está prevista que inicie el 1.° de mayo.
Según estimaciones de la Asociación de Regantes de Zapotitán (AREZA), solo en esa zona se producen 400,000 quintales de arroz, la mitad de la producción nacional, que es de 800,000 quintales. En la cosecha 2019/2020, se alcanzaron 601,647 quintales.
La deuda ha provocado que muchos arroceros hayan optado por sembrar maíz, mientras que otros han decidido apostarle al tomate, chile verde y pepino.
Samuel Treminio, secretario de la junta directiva de AREZA, afirma que El Salvador cuenta con cuatro zonas arroceras: Chalatenango, San Vicente, Atiocoyo Norte y Sur, y Zapotitan que es la que más produce y genera cerca de 30,000 empleos directos.
«Estimo que el 50 % de los productores no quiere sembrar porque por un lado la industria dice que no va a comprar si el gobierno no toma medidas para proteger al sector (…) Al no haber siembra, no se generarían empleos y habría más pobreza en el campo, además de eso es una amenaza para nuestra soberanía alimentaria porque con el cambio climático, si hay cualquier desastre en países productores de arroz, lógicamente ellos van a proteger su gente y eso se pudo ver en el caso del covid con algunos productos», manifestó.
En El Salvador, la venta de arroz está regulado por el Convenio de Comercialización de Arroz Granza de El Salvador, el cual permite a los agricultores tener «certidumbre en el precio y garantía en el pago oportuno; y a los industriales, un suministro adecuado de materia prima nacional». Por cada quintal de arroz comprado en el país, los industriales pueden importar 4.5 quintales.
«Hay incertidumbre entre nuestros productores, porque la industria que es nuestro principal cliente ha tenido problemas y tiene una mora de hasta ocho meses y no cancelan parte de cosecha y eso nos tiene con preocupación porque la gente no tiene dinero para invertir y los bancos al caer en mora, no dan un nuevo préstamo», explicó.
En febrero, la Asociación Salvadoreña de Beneficiadores de Arroz (ASALBAR) afirmó que había gestionado financiamiento con el Banco de Desarrollo de El Salvador (BANDESAL) para saldar sus deudas con los productores, tras ser afectados por la pandemia del covid-19. Arroceros afirman que algunos industriales han reducido su deuda.
AREZA, que cuenta con 2,000 agricultores asociados, se refirió al Plan Maestro de Rescate Agropecuario, anunciado en enero por el Ejecutivo y su apuesta para el desarrollo de la soberanía alimentaria en El Salvador.
«Lo más relevante que el ministro anuncia es el Plan Maestro de rescate a la Agricultura, nos presentan un plan muy bonito, lindo y preparado que yo deseo en Dios que sea un éxito. Pero él, personalmente, no se compromete», señaló Rafael Rivas, directivo de AREZA, sobre una reunión del ministro David Martínez con el gremio el pasado fin de semana.
Para Rivas, el fideicomiso mayor a los $600 millones anunciado por el gobierno para el rescate agropecuario, el cual aún no ha sido aprobado por la Asamblea Legislativa, no es suficiente para todo lo que el plan implica.
«La idea que se maneja con ese fideicomiso, es que eso va a llegar directamente al productor y no, eso es para todo el país, desde el que está en la frontera con Guatemala al que está en la frontera con Honduras, si es tan amplio que creo que no es suficiente. En la reunión el señor ministro comento dijo: ‘tenemos treinta años de abandono en la agricultura’, pero en la agricultura ya tenemos casi 32 años de abandono», concluyó el productor.
Fuente: https://www.eleconomista.net