La eliminación progresiva de aranceles para los granos básicos ya inició. En unos años el sector quedará completamente desprotegido y tendrá que competir con una agroindustria estadounidense mucho más rentable.
El sector de granos básicos y la agroindustria urgen se tomen medidas ante la desgravación arancelaria contemplada en el tratado de libre comercio que El Salvador firmó con Estados Unidos, que complicaría aún más a los productores locales.
El CAFTA-DR es el Tratado de Libre Comercio Centroamérica, Estados Unidos y República Dominicana, fue suscrito en agosto de 2004 y entró en vigencia el 1 de marzo de 2006. El acuerdo estableció que la eliminación de impuestos a la entrada de productos se haría de manera gradual. Los productos agrícolas son los que quedaron más protegidos.
El arroz, por ejemplo, mantuvo el arancel del 40 % durante los primeros 10 años de vigencia del CAFTA, después comenzó a reducirse poco a poco el impuesto. Este año está en 20.1 %, el próximo será de 13.4 %, mientras que en 2022 será de 6.7 %. Después se eliminará del todo. El Salvador no produce suficiente arroz, siempre importa del extranjero. Sin embargo a la fecha se ha implementado un convenio de comercialización que los productores negocian con la agroindustria en la Bolsa de Productos y Servicios de El Salvador (BOLPROS).
El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) participa indirectamente, pues es un acuerdo entre privados.
El convenio establece un precio de venta y otorga a la agroindustria la posibilidad de importar libre de aranceles según la cantidad que adquieran internamente.
Javier Navas, presidente de la Asociación Salvadoreña de Beneficadores de Arroz (ASALBAR), explicó que lo que se otorga es un “requisito de desempeño”, válido para el próximo año.
O sea que lo que compren localmente en 2020 les habilitará a exportar en 2021 y ahorrarse un arancel de 13.4 %. El próximo año el incentivo será un ahorro de 6.7 % y en 2022, ya no habrá incentivo, aunque la desgravación arancelaria del CAFTA no haya finalizado.
Navas incluso señala que algunas empresas pueden optar por pagar el arancel si es bajo y comprar fuera del convenio.
Para ASALBAR la eliminación de aranceles, aunque les permita importar, no es algo favorable puesto que el arroz podría llegar ya procesado listo para venderse al consumidor, lo que terminaría afectando a las empresas que hacen el proceso de secado, trillado y precocido.
“Eso es un gran problema porque tenemos un montón de gente que dependemos de la cosecha y cuando digo dependemos incluyo a los industriales”, agregó.
El sector quedaría vulnerable al producto extranjero que haría “obsoleta” la inversión de la agroindustria.
Un escenario que podría darse, considera, es incluso el ingreso de arroz a muy bajo precio solo para ganar mercado. Una vez el producto local haya sido desplazado, los precios podrían subir y los consumidores no tendrían alternativa.
Otro cultivo que está enfrentando este proceso es el maíz. Luis Treminio, presidente de la Asociación Cámara de Medianos y Pequeños Productores Agropuecuarios (CAMPO), explicó que el sector tiene costos muy altos en comparación a la agricultura de Estados Unidos.
“Listos no estamos, por ejemplo el maíz que entra de los Estados Unidos tiene un 60 % de subsidio. A ellos les cuesta producir un quintal de maíz $5 y algo y a nosotros nos cuesta $16.29, ahí está el primer problema que tenemos”, dijo.
Explicó que el maíz quedó con una protección especial entro del CAFTA que solo autoriza 45,000 toneladas de importación libre de arancel, lo adicional paga un arancel de 20 %. Año con año la cantidad incrementa en 700 toneladas.
La industria que procesa harina requiere 4 millones de quintales de maíz anuales, explicó Treminio. Estas actualmente importan con un convenio similar al de las arroceras, se negocia en BOLPROS. Con la particularidad que el precio establecido en ese convenio sirve como referencia para el productor a la hora de vender a intermediarios.
Treminio considera que aunque se abarate el maíz importado, el consumidor no verá un beneficio, puesto que aún cuando se ha autorizado la entrada de más grano y se caen los precios, la diferencia queda en los intermediarios.
Los productores son los más afectados, mientras que los consumidores ven poca o nula diferencia en su bolsillo.
Tomar acción
Para Campo el sector necesita medidas que reduzcan sus costos, como la eliminación del IVA a los insumos agrícolas, sobre todo a los pequeños productores. Esta solicitud la han hecho a la Asamblea Legislativa, pero no ha tenido éxito.
Además, han pedido al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) que se impulsen medidas de control de las importaciones, porque otros países de Centroamérica no protegieron el maíz, entonces ellos podrían importar de Estados Unidos y traerlo en el marco de la integración centroamericana.
Navas señaló que en el caso del arroz se da una situación similar, explicó que ningún país de Centroamérica es autosuficiente en su producción, pero de alguna manera algunos hacen exportaciones.
Aunque no es una triangulación, pueda ser que estén consumiendo lo extranjero más barato y vendiendo lo local.
ASALBAR ha propuesto, junto a otras gremiales de Centroamérica reunidas en FECARROZ, que se aplique el artículo 3.18 del CAFTA de la Comisión de Revisión Agrícola, esta evalúa impactos de la liberalización del comercio y emite recomendaciones, como la posibilidad de extender medidas de salvaguardia agrícola.
Para esto se requiere que el Gobierno haga la solicitud y que se presenten estudios de impacto. Navas considera que esta medida es factible porque ya está contemplada dentro del mismo tratado.
Además hay un consenso en toda Centroamérica, al menos dentro del sector privado, de que se requiere un poco más de tiempo antes de liberar el comercio.
Esta alternativa es mucho más viable que buscar un cambio en el tratado.
“Si El Salvador quisiera hacer una modificación tendría que presentarla a través del Ministerio de Economía y negociar nuevamente con Estados Unidos y los Centroamericanos, sería un costo muy elevado”, explicó el experto en comercio exterior, Romeo Romero.
La semana pasada el ministro de Agricultura, Pablo Anliker, anunció la formación de una mesa técnica con productores para buscar alternativas que se reunirá por primera vez en octubre.
“Todavía faltan dos años y medio, vamos a empezar a trabajar para ver qué vamos a hacer por el sector y ellos van a ser parte”, dijo Anliker.
Alternativa
El CAFTA ya prevé en el artículo 3.18 la posibilidad de que una comisión revise los impactos de liberar el comercio y podría emitir la recomendación de ampliar las salvaguardas agrícolas. Esta, según ASALBAR, debe ser la apuesta.
Fuente: https://www.laprensagrafica.com