04 Enero. Las corrientes a favor y en contra del actual director ejecutivo de la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz), Minor Barboza, dejan aflorar el desmadre que hay en la cosecha de arroz.
A finales de año se dijo que había un acuerdo para que los industriales recibieran el grano.
No obstante, esto solo caló entre los miembros de la Junta Directiva, pues en regiones fuera de San José los arroceros no creen en ese discurso y solo piensan en cómo organizarse.
A Barboza se le quiere cobrar la negativa de los industriales a comprar el arroz y el excedente de grano sin colocar. Sin embargo, no todos creen que es solo su responsabilidad.
Domingo González, fiscal de la Junta Directiva de Conarroz, confirmó que este había una reunión en el Sur para analizar la situación de la cosecha. Se trata de un encuentro similar al que a finales de año se hizo en Puntarenas.
González no cuenta con voto en la directiva, pero es uno de los que está a favor de Barboza.
“Los problemas del sector arrocero no se arreglan con quitar al director ejecutivo. Los representantes del gobierno son muy buena gente y nos tratan muy bien, pero lo que están tratando de hacer es lavarse las manos. Aquí la verdad es que no cumplieron lo que prometieron”, replicó González.
Entre las cosas que se le cobran al director ejecutivo de Conarroz, está que el seguro de cosecha haya aumentado y que no haya suficiente crédito por parte del Sistema de Banca para el Desarrollo.
“Tal vez por la forma de ser. Él no es el tipo de los que golpea la mesa y algunos creen que él debería estar velando por más soluciones. Hay gente que lo ve diferente y que es el Gobierno el que no cumple con los productores nacionales. Al final, a él (Barboza), yo creo que lo van a destituir, para ver si hay un arreglo en la situación”, dijo González.
En la Zona Sur están por sacar más de mil hectáreas de cosecha, en cantones como Osa, Golfito y Corredores. El miedo es ver quién lo van a comprar.
“Dios primero y la industria no falle. Son más de 100 los productores que necesitan ese ingreso”, agregó.
Este año hubo un aumento en la productividad, pero no en la cantidad de hectáreas destinada a la siembra.
“El problema es el precio. Ellos (los industriales) no quieren pagar los ¢22 mil por saco de 160 libras. Quieren pagar los ¢16 mil que cuesta el importado y ¢12 mil sin impuesto. Necesitamos que el Gobierno nos ayude para que no baje el precio, ni el área de siembra”, comentó.
Lo que pasa es que los industriales no quieren comprar porque hay mucho arroz importado que entra en competencia desleal.
Fuente: http://www.diarioextra.com